Somos personas libres y voluntarias que reivindicamos la dignidad y la conciencia social. Nos une la voluntad de cambio hacia una sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Nuestra lucha pacífica busca que la sociedad sea la protagonista del cambio. Por ello, es necesaria una revolución ética.
La asamblea se declara asindicalista, apartidista y laica. No representamos ningún partido ni asociación, y tampoco ninguno nos representa. De igual forma, las personas que se organizan a través de asociaciones están invitadas a participar; pero en ningún caso el movimiento será un espacio de divulgación y promoción de estas agrupaciones ciudadanas, sino un punto de encuentro para la autoorganización social.
La responsabilidad del movimiento es colectiva, todos y todas estamos invitados a debatir, crear y participar en las decisiones y acciones realizadas así como en sus consecuencias.
La lucha unitaria del movimiento por una democracia participativa se basa en la demanda de mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa. Para ello, es necesaria la imposición de la consulta popular, obligatoria y vinculante, para la elaboración de los presupuestos (municipales, autonómicos y estatales) y cuestiones de gran envergadura, como directrices europeas. En concreto, se propone el establecimiento de un sistema asambleario donde la ciudadanía se representan a sí misma, ejerciendo una participación activa en los plenos de los ayuntamientos electos, así como la convocatoria de un referendum para la reforma de la actual Ley Electoral.
Nuestra demanda de mínimos es la siguiente:
Transparencia política.
Establecimiento de mecanismos ciudadanos de control de la gestión pública que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los cargos públicos.
Eliminación de los privilegios de los cargos representativos e instituciones confesionales.
1. Supresión de vehículos oficiales
2. Mayores sanciones económicas e inhabilitación para el absentismo laboral de cargos públicos.
3. Eliminación de los cargos de libre designación.
4. Regulación más estricta del salario de los cargos públicos, concejales y personal de libre designación.
5. Reducción y transparencia de los suplementos salariales.
6. Exigir cobrar sólo un salario de la Administración Pública.
7. Control del patrimonio de los cargos públicos y sus familias.
8. Mantenimiento y mejora de los servicios públicos garantizando la gestión, ejecución y prestación de los mismos por empleados municipales y empresas de titularidad pública.
Control del sistema económico y financiero.
1. Medidas plurales respecto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución, que determina que “Toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
2. Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para
constituir una banca pública bajo control social.
3. Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo el capital público aportado.
4. Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria.
5. Aceleración de los procesos de justicia ejercidos contra el empresariado y medidas de embargo para el mismo.
6. Prohibición de inversión en paraísos fiscales.
7. Reducción del gasto militar y eliminación del armamento militar.
8. Reducción del poder del FMI y del Banco Mundial.
9. Abolición de la deuda externa.
10. Establecimiento de la tasa Tobin a nivel internacional.
11. Comercio justo mundial.
Separación efectiva de poderes legislativo, ejecutivo, judicial.
Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
Servicios públicos universales y de calidad.
1. Consideración como bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y banca.
Prohibición por tanto de los monopolios y oligopolios privados en suministro de estos bienes.
2. Educación pública, gratuita y laica. Incremento de profesorado e infraestructuras que garanticen el ratio de alumnado por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
3. Sanidad pública y gratuita. Incremento del personal sanitario e infraestructuras para terminar con las listas de espera. Servicios gratuitos de atención a la infancia y personas
con necesidades especiales de cura.
4. Derecho a la vivienda. Declaración de las ciudades como libres de desahucios y desalojos. Dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas, de forma
retroactiva desde el inicio de la crisis. Prohibición de la especulación inmobiliaria.
5. Movilidad urbana (bus más económico, trenes cercanías de Castellón hacia el norte, gratuidad de parking en hospitales).
Derechos laborales.
1. Derogación de la reforma laboral.
2. No a la reforma de la ley de pensiones.
3. De acuerdo con los avances tecnológicos, reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación hasta llegar al pleno empleo.
4. Sueldos dignos. Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.
5. Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajo temporal empleos que podrían ser fijos.
6. Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado.
Derechos ciudadanos.
1. Derechos económicos: Renta Básica y prestaciones.
2. Igualdad: minorías étnicas, sexuales y de género. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias como son la Ley del Plan Bolonia, la Ley de Extranjería y la conocida
como Ley Sinde.
Derecho al ambiente saludable
1. Apostar por el decrecimiento
2. Cierre de las centrales nucleares/ apuesta por las energías renovables.
3. Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura del campo, no de las multinacionales.
4. Fomento de la agricultura agroecológica y no transgénica, basada en modelos no mercantilistas.
5. Consumo responsable.
6. Restauración ambiental de las zonas donde se han cometido abusos urbanísticos y moratoria urbanística.
Asamblea de Indignad@s de Castellón
Manifest 19J
Som persones lliures i voluntàries que reivindiquem la dignitat i la consciència social. Ens unix la voluntat de canvi cap a una societat que done prioritat a la vida per damunt dels interessos econòmics i polítics. La nostra lluita pacífica busca que la societat siga la protagonista del canvi. Per això, és necessària una revolució ètica.
L’assemblea es declara asindicalista, apartidista i laica. No representem cap partit ni associació, i tampoc cap ens representa. De la mateixa manera, les persones que s’organitzen a través d’associacions estan invitades a participar; però en cap cas el moviment serà un espai de divulgació i promoció d’estes agrupacions ciutadanes, sinó un punt de trobada per a l’autoorganització social.
La responsabilitat del moviment és col·lectiva, tots i totes estem invitats a debatre, crear i participar en les decisions i accions realitzades així com en les seues conseqüències.
La lluita unitària del moviment per una democràcia participativa es basa en la demanda dels mecanismes que permeten a la ciutadania exercir la democràcia directa. Per aixó és necessària la imposició de la consulta popular, obligatòria i vinculant, per a l’elaboració i aprovació dels pressupostos (municipals, autonómics i estatals) i qüestions de gran envergadura, com a directrius europees. En concret, es proposa l’establiment d’un sistema assembleari on la ciutadania es represente a si mateixa, exercint una participació activa en els plens dels ajuntaments, així com la convocatòria d’un referèndum per a la reforma de l’actual Llei Electoral
La nostra demanda de mínims és la següent:
Transparència política.
Establiment de mecanismes ciutadans de control de la gestió pública que eviten la corrupció política. Control ciutadà de les activitats econòmiques dels càrrecs públics
Eliminació dels privilegis dels càrrecs representatius i institucions confessionals.
1. Supressió de vehicles oficials
2. Majors sancions econòmiques i inhabilitació per a l’absentisme laboral de càrrecs públics.
3. Eliminació dels càrrecs de lliure designació.
4. Regulació més estricta del salari dels càrrecs públics, regidors i personal de lliure designació.
5. Reducció i transparència dels suplements salarials
6. Exigir cobrar només un salari de l’Administració Pública.
7. Control del patrimoni dels càrrecs públics i les seues famílies.
8. Manteniment i millora dels servicis públics garantint la gestió, execució i prestació dels mateixos per empleats municipals i empreses de titularitat pública.
Control del sistema económic y financer.
1. Mesures plurals respecte a la banca i els mercats financers en compliment de l’article 128 de la Constitució, que determina que ‘Toda la riquesa del país en les seues diferents formes i siga quin siga la seua titularitat està subordinada a l’interés general’.
2. Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats en dificultats han de trencar o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública baix control social.
3. Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot el capital públic aportat.
4. Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxi bancària.
5. Acceleració dels processos de justícia exercits contra empresaris i mesures d’embargament per als mateixos.
6. Prohibició d’inversió en paradisos fiscals.
7. Reducció del gasto militar i eliminació de l’armament militar.
8. Reducció del poder del FMI i del Banc Mundial.
9. Abolició del deute externa.
10. Establiment de la tasa Tobin a nivell internacional.
11. Comerç just mundial.
Separació efectiva de poders legislatiu, ejecutiu, judicial.
Independència del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministeri Fiscal per a garantir la seua independència, no al nomenament de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial per part del Poder Executiu.
Servicis públics universals i de qualitat.
1. Consideració com béns d’utilitat pública els servicis de primera necessitat per a la ciutadania com a energia, xarxes de comunicació, alimentació, transports i banca. Prohibició per tant dels monopolis i oligopolis privats en subministrament d’estos béns.
2. Educació pública, gratuïta i laica. Increment de professorat i infraestructures que garantisquen el ràtio d’alumnes per aula, els grups de desplegue i els grups de suport.
3. Sanitat pública i gratuïta. Increment del personal sanitari i infraestructures per a acabar amb les llistes d’espera. Servicis gratuïts d’atenció a la infància i persones amb necessitats especials de cura.”
4. Dret a la vivenda. Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments. Dació en pagament de les vivendes per a cancel·lar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi. Prohibició de l’especulació immobiliària.
5. Mobilitat urbana. Transport metropolità més econòmic. Trens rodalies de Castelló cap al nord, gratuïtat de pàrking en hospitals.
Drets laborals.
1. Derogació de la reforma laboral.
2. No a la reforma de la llei de pensions.
3. D’acord amb els avanços tecnològics, reducció de la jornada laboral i de l’edat de jubilació fins a arribar al plena ocupació.
4. Sous dignes. Establiment d’un màxim salarial així com d’un mínim. 5. Seguretat en l’ocupació: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives en les empreses mentres hi haja beneficis, fiscalització a les grans empreses per a assegurar que no cobrixen amb treballadores temporals ocupacions que podrien ser fixos.
6. Reconeiximent del treball doméstic, reproductiu y de atenció
Drets ciutadans.
1. Drets econòmics: Renda Bàsica i prestacions.
2. Igualtat: minories ètniques, sexuals i de gènere. Abolició de les lleis i mesures discriminatòries com són la Llei del Pla Bolonya, la Llei d’Estrangeria i la coneguda com a Llei Sinde.
Dret a l’ambient saludable
1. Apostar pel decreixement
2. Tancament de les centrals nucleares/ aposta per les energies renovables.
3. Sobirania alimentària, foment de l’agricultura del camp, no de les multinacionals.
4. Foment de l’agricultura agroecológica i no transgènica, basada en models no mercantilistes.
5. Consum responsable.
6. Restauració ambiental de les zones on s’han comés abusos urbanístics i moratòria urbanística.
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Este manifiesto 19j que expresa la voluntad del movimiento15-M no puede pasar por alto como si no fuera importante o como si no fuera indignante, que los sectores enriquecidos de la población someten a los sectores populares bajo su voluntad e intereses al adueñarse del sistema productivo, obligando a la población a tomar una actitud sumisa y servil para que ellos puedan aumentar y mantener su enriquecimiento personal, su privilegio social y su poder sobre la población.
Como consecuencia de ello el trabajo es una humillante explotación, donde se enriquece el empresario, inversor y prestamista del esfuerzo del trabajo de los ciudadanos y donde la vida de mayoría de las personas depende de decisiones de particulares (empresarios), con total indiferencia del derecho a la vida reconocido en las constituciones y derechos humanos internacionales.
Dado que esta situación es una semi-esclavitud extremadamente indignate, os invito a que incorporéis en vuestras propuestas y manifiestos la supresión de la explotación del hombre por el hombre en el trabajo.
¿Y esto como se hace posible?
Pues muy sencillo, los medios productivos con trabajadores asalariados (y no las empresas familiares o de socios), deben llevar un proceso de nacionalización donde el Estado llega a ser el propietario de las mismas (es decir, propiedad de todos) y todos tienen su respectivo puesto de trabajo sin excluir a nadie, sin paro. Los beneficios económicos de estas empresas son para el Estado (nuevamente para todos). La Banca es nacionalizada y el gran capital pertenece al Estado quien lo invierte donde es necesario, es decir, el Estado organiza la vida productiva de la totalidad de los ciudadanos dejando a las empresas familiares, individuales o de socios con libertad de ser ellos los organizan su empresa, eliminando de esta forma toda explotación del hombre por el hombre, la pobreza, el paro y las extremas desigualdades sociales.
La organización social de la sociedad no puede basarse en el enriquecimiento de un sector de la población para que los demás tengan lo que ellos quieran darles. La sociedad precisa una organización social sin sometimientos ni empobrecimientos, una organización que sin excluir a nadie de a cada persona lo que le corresponde según su situación y aportación personal.
Jo afegiria:
Supressió del finançament públic dels escortes del càrrecs electes. No poden al·legar raons de seguretat quan no hi ha seguretat en el treball : els accidents de treball mortals en qualsevol any comprés entre 2000 i 2007 superen tots els que ha provocat el terrorisme d’ETA en tota la seua infame història. Tan sols la crisi i l’atur han fet baixar la xifra de morts en accidentes de treball a partir de 2008. O és que ens hem d’alegrar de la crisi, ja que moren menys companys, i seguint pagant els escortes als que no han fet res per evitar-ho?
Agregaría algo que fue muy efectivo en la crisis de Argentina del 2001, muy similar a esta. Nosotros salimos con el apoyo de varios frentes mas:
1-Movimiento estudiantil surgido de una educacion universitaria publica y gratiuita, no mercantilizada mediante becas que dan los bancos,
2-Con movimientos sociales como el de los “indignados”, que manteniendo el pacifismo, identificaba y perseguia a los corruptos y responsables hasta sus casas, con manifestaciones individualizadas, canticos, ruidos, banderas, insultos, llamados “escraches”.
3-Desobediencia fiscal, ruptura del pacto si el dinero del estado, genera hambre y exclusion, incluso si ello implique el default financiero de la deuda pública y volver a la peseta. No a la colonizacion de la soberania nacional española por parte de las potencias europeas y capitalistas. Siempre hay abogados que apoyan causas populares.
4-Recuperacion de la memoria historica de la guerra civil, sin claudicar, meroria, justicia, verdad y castigo a los culpables e instituciones civiles culpables.
5-Ley de medios pluralista que permita evitar el monopololio de una unica voz en los medios de comunicacion, radios, periodicos, televisiones y producciones culturales independientes y autonomas de los poderes mediaticos, representando a partidos politicos minoritarios, expresiones populares artisticas contraculturales, que los sindicatos, los inmigrantes, los excluidos tengan su voz y se expresen.
Los felicito, sigan creciendo, pero no confundan las prioridades, primero a resolver el conflicto capital-trabajo, luego las batallas menores por la cultura el idioma y diversas cuestiones menores. primero lo primero, a no diversificar ni regionalizar la lucha, que es una y es mucha.
El lujo, es vulgaridad.